*A un año de la agresión armada a 100 normalistas y la desaparición forzada de 43 jóvenes, México no se recupera de la corrupción que quedó al descubierto.

Ricardo Flores/Veracruzanos.info/

Xalapa, Ver. 26 de septiembre del 2015.- La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, en 2014 fue la gota que derramó el vaso para la sociedad mexicana consideró el integrante de la Red Cívica Veracruzana (Recive), Juan Emilio González Garrido.

La noche de iguala se configuró como uno de los más dramáticos episodios de violencia que cimbró al país cuando estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron agredidos a balazos por policías ante la mirada impávida de Policías federales, estatales, municipales y de un ejercito mexicano cuyo cuartel estaba a dos kilómetros del asalto a los camiones donde viajaban los normalistas.

Luego de asesinar a algunos, perseguir a otros, a unos a 43 jóvenes, los policías -entre federales y municipales según sobrevivientes-, se los llevaron para desaparecerlos en uno de los episodio más indignantes de un gobierno corrupto coludido con el crimen organizado.

Hasta el momento las repercusiones internacionales del evento son tan graves como la de que el Papa Francisco evitó visitar México por las diferencias que tiene la Iglesia católica por el tratamiento del caso.

Los estudiantes iban a protestar al informe de la Esposa del presidente municipal de Iguala, además de la cercanía del dos de octubre cuando solían marchar, y por ello tomaron autobuses Estrella de Oro que hoy se infiere llevaban droga. Policías al servicio del alcalde y del crimen organizado, policías federales vestidos de civil agredieron a balazos a los autobuses que inocentemente secuestraron los normalistas y por ello fueron perseguidos, torturados, asesinados muchos y desaparecieron a 40 de los casi 100 estudiantes que habían salido de Ayotzinapa el 26 de septiembre por la tarde.

En entrevista exclusiva para Veracruzanos.info, el integrante de la Red Cívica Veracruzana (Recive), Juan Emilio González Garrido consideró que hasta el momento la reacción que ha tenido la ciudadanía en todo el país es pacífica, y es la única vía que se tiene para continuar exigiendo justicia en los crímenes cometidos.

“Ya de antes, con el asunto de Tlatlaya, con las agresiones a periodistas que vienen de antes, otro tipo de situaciones de represión y asesinatos no aclarados, todo esto ha venido cambiando a la sociedad. Hasta ahorita lo que se está haciendo son medidas pacificad porque no tenemos otra opción”.

Con respecto al primer aniversario de la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos comentó que la postura social debe se continuar siendo de presión social, ya que las manifestaciones y protestas por el hecho han conseguido algunos avances para los padres de las víctimas.

“Creemos que hay que seguir presionando al Gobierno Federal, sobre todo, para que aclaren, no sabemos realmente qué pasó con estos muchachos. Yo no me atrevería a decir que ya los mataron o nada de eso, sino, así como sus padres tienen la esperanza de que estén vivos, tenemos que presionar”.

González Garrido enfatizó que de no haber sido por esa presión, el presidente, Enrique Peña Nieto, no habría continuado escuchando a las familias como ha sucedido en casos anteriores donde se da carpetazo a las investigaciones.

El presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de la Víctimas se reunieron este 24 de septiembre con la encomienda de preguntarle por qué su gobierno sostuvo “la mentira histórica” durante siete meses y exigirle el cumplimiento de ocho demandas concretas.

El mandatario mexicano por su parte ofreció cumplir seis puntos, entre ellos la creación de una fiscalía especializada para la búsqueda de desaparecidos y la conformación de un equipo de peritos para investigar lo que sucedió en el basurero de Cocula.

Los familiares de Ayotzinapa rechazaron la creación de la fiscalía especializada al explicar que el caso Ayotzinapa requiere una unidad especial de investigación que busque a los 43 estudiantes y, además, otra área que deslinde responsabilidades.

Entre las ocho peticiones que los familiares entregaron a Peña Nieto antes de la reunión estaba la creación de una unidad especial de investigación con dos instancias, una encargada de buscar a los normalistas desaparecidos y otra de indagar las presuntas irregularidades que se cometieron durante la investigación del caso.

El quinto autobús que desaparecieron de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su expediente, pudo ser el detonante de la agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o con dinero, según el informe de los expertos.

“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”, dice la investigación.

El experto Francisco Cox explicó que fuentes de Estados Unidos se refieren al menos a una investigación en curso, una declaración jurada de un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), en donde se ordenaron escuchas a miembros del grupo de Guerreros Unidos, que coinciden con la desaparición de los normalistas.

Los fiscales de la DEA indicaron a los expertos que no hay antecedentes que apunten a los jóvenes, pero sí sobre la utilización de autobuses para movilizar droga según una causa iniciada en Atlanta.

En ese sentido, el líder social en Xalapa comentó que no se debe permitir que la Procuraduría General de Justicia cierre la investigación o elimine líneas de investigación sin agotarlas, pues las inconsistencias en las indagatorias que descubrieron los investigadores internacionales, provocan más desconfianza en las autoridades mexicanas.

“El caso que no lo quieran dar por concluido, como la declaración que dio Murillo Karam cuando era procurador, sobre la verdad histórica que ya se le vino abajo, gracias a este tipo de presiones es que se consiguió la entrevista con el presidente de la República”.

Insistió en que el caso no debe ser concluido hasta que haya pruebas sobre el destino de los 43 normalistas guerrerenses que convenzan a las familias, ya que actualmente, el último fallo de la comisión de especialistas internacionales dio nuevas esperanzas a los padres.

“Esto abre nuevamente las expectativas, para bien o para mal, en cuanto a que la tesis que el gobierno en voz de Murillo Karam dijo, de que los cuerpos habían sido incinerados, se viene abajo. Esto es un ejemplo del porqué los padres y la sociedad civil no estamos conformes”.

Otra de las inconformidades sociales, dijo, es que hasta la fecha no hay más responsabilizados del ataque a los estudiantes y su desaparición, “el que en un principio hayan hecho responsables al presidente municipal de Iguala y su esposa y ahora parece que los van a dejar salir, y también que hayan presentado a un supuesto responsable, no da confianza, no hay nada certero”.

En cuanto a la reprensión sufrida en varios puntos del país por las manifestaciones sobre el caso, el integrante de Recive comentó que no hay certeza de que los grupos de infiltrados sean promovidos por le gobierno, aunque existen fuertes sospechas de que pudiera ser así, tratándose de un intento de amedrentar a los activistas.

Comentó que quien esté detrás de los bloques negros, tiene la intención de dividir a la sociedad con la finalidad de que terminen los reclamos al gobierno mexicano por la desaparición de los jóvenes estudiantes la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Aquí mismo en Xalapa ha pasado con los del bloque negro, ya no sabemos si son ellos o son infiltrados, ha habido manifestaciones en las que se tiene la certeza de que han sido infiltrados, pero desfilan enmascarados, es por eso que en las últimas marchas ya no se les permite que vayan con el rostro cubierto”.

LA VERDAD HISTÓRICA POR LOS SUELOS

El 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe final sobre sus investigaciones en México en torno al caso y reveló que la Procuraduría General de la República (PGR), entonces bajo el mando del priista Jesús Murillo Karam, y su verdad histórica no estaba fundamentada.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aportó ayer al menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi un año.

Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de peritajes con los que armó su verdad histórica.

El informe del GIEI también revela que en todo momento, elementos de la Policía Federal, el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas en los que viajarían a la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre.

La “investigación de Murillo karam pasó por alto y omitió en el expediente la existencia del quinto autobús en el caso Ayotzinapa: un Estrella Roja con 14 normalistas, que fue vaciado a punta de balazos por elementos de la Policía Federal (PF) a la altura del Palacio de Justicia, en la salida Iguala-Chilpancingo.

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