AGENDA CIUDADANA

Rebecca Arenas /.

Del grueso de asuntos en conflicto en la actual agenda México-Estados Unidos, la deportación masiva de nuestros compatriotas indocumentados, constituye sin ninguna duda, el problema más grave y doloroso, por lo que significa para cientos de miles de familias, y porque la orden ejecutiva de Trump, firmada hace un mes, se está cumpliendo a todo vapor.

La dureza de dicha medida, no parece haberle parecido suficiente al mandatario republicano, ya que cada semana la endurece con nuevas acciones, como la de habilitar como agentes migratorios a cualquier representante de las fuerzas del orden de nivel local, estatal o federal, autorizándolos a detener, apresar y expulsar de aquel país a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante, es decir, por su apariencia física.

Más allá de la arbitrariedad que conlleva esta decisión presidencial, que ha exacerbado el proverbial racismo de los mandos locales estadunidenses, y más allá de los dramáticos testimonios de familias separadas y menores en la orfandad por la deportación de sus padres, que deberán integrar la denuncia del gobierno de México ante los más altos tribunales internacionales en derechos humanos, lo urgente en este momento, es la labor que están llevando a cabo los cincuenta Consulados de México en los Estados Unidos, única tabla de salvación para los cientos de miles de indocumentados de origen mexicano, que han dejado de desarrollar su vida normal, y hoy permanecen escondidos como criminales, esperado escapar de la persecución migratoria, que más tarde o más temprano, los localizará. No en balde Trump ha alentado a los estadunidenses para que denuncien “a los delincuentes mexicanos”.

Un clima de acoso y abierta discriminación hacia nuestros connacionales indocumentados, cuyo único delito ha sido buscar expectativas de vida digna que no obtuvieron en su propio país, que es el nuestro. Un clima de tensión y permanente miedo, en donde los Consulados mexicanos en aquel país, están proveyendo de apoyo en cuestiones legales y brindando recursos a las personas y familias que lidian con asuntos migratorios. Una responsabilidad de gran calado si tenemos en cuenta que, alrededor de la mitad de los 11 millones de indocumentados en los Estados Unidos son de origen mexicano.

En las representaciones consulares más importantes, que no en todas, se han empezado a capacitar a todos los empleados en servicios legales básicos y esperan contratar en las próximas semanas a muchos más abogados migratorios. La prioridad es lograr que las familias que ya viven en Estados Unidos puedan mantenerse unidas, pero la realidad es que las demandas de apoyo de la población indocumentada, es infinitamente superior a la capacidad de los Consulados mexicanos de atender sus más ingentes necesidades.

Para completar el cuadro, los excesos que se temían, ya están ocurriendo. La declaración inicial de Donald Trump fue deportar a los indocumentados con antecedentes criminales, pero hoy se detiene y maltrata a personas en la calle simplemente por su apariencia morena, tengan papeles o no.
Bien haría el gobierno mexicano, en incrementar el apoyo económico a los Consulados en Estados Unidos, ya que 50 millones de USD, resulta una cantidad nímia para apoyar a más de seis millones de mexicanos indocumentados, que emigraron de nuestro país, justamente por falta de oportunidades.

De igual manera, bien harían los gobiernos estatales en impulsar y financiar redes de apoyo con Colegios y Barras de abogados para fortalecer la capacidad de los Consulados en los Estados Unidos; y nuestros legisladores, en vez de hacer turismo mediático en aquel país, tendrían que estar haciendo un intenso lobby con sus contrapartes estadunidenses, lo mismo que los empresarios mexicanos con los de aquel país. Todos buscando acotar la deportación masiva de nuestros paisanos, para disminuir en lo posible, el descenso en las remesas de los mexicanos indocumentados a nuestro país, que hoy alcanza un monto de 27 mil millones de dólares anuales.

Lo más dramático de esta historia que apenas comienza, es la actitud de nuestros connacionales de querer permanecer en los Estados Unidos, a pesar del maltrato y la injusticia de la que han sido víctimas. No desean volver a su país, que es el nuestro, porque aquí no tuvieron oportunidades de vida digna. Hoy el gobierno mexicano puede resarcirlos, un poco, de su obligada partida.

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@RebeccArenas

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