POLIANTEA

Rubén Pabello Rojas/

Sea como sea, acabe como acabe y “haiga sido como haiga sido”; si bien las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación están sujetas a fiscalizacion y comprobación, lo que no necesita ninguna prueba ni verificación es el escándalo, ¡que escándalo!, con sabor a galimatías, que se ha formado, alimentado y retroalimentado por quienes con alguna razón o sin ella, han dado su versión alrededor de tan infortunado acontecimiento, en tanto se aclara un cuantiosísimo mal manejo de recursos de la cuenta pública de 2014 a cargo del estado; hasta ahora, sin justificación satisfactoria.

Los dimes y diretes que han acompañado el penoso caso se aderezan con declaraciones a los medios de comunicación, locales y nacionales, donde, para tornar más vergonzoso el asunto, los protagonistas se han enfrascado en un duelo de declaraciones, volviendo más patético el enfrentamiento cuya dimensión, por lo delicado, no es cosa menor.

La ASF es el órgano técnico de la Cámara Federal de Diputados encargado de fiscalizar la cuenta pública de federación y estados para vigilar que los gastos del erario federal, de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación, se apliquen correctamente por las instituciones que los deben ejercer. No tiene función ejecutiva pero puede poner a conocimiento de la fiscalía correspondiente, cualquier falta que pueda presumir la comisión de un delito.

El actual auditor general, Juan Manuel Portal, cuestionado en un programa Radio Formula, respondió que ojala los responsables fueran a la cárcel. Diputados federales veracruzanos, en un escrito oficial, reprocharon públicamente al auditor su osadía. Algunos de ellos, hoy con fuero, se encuentran dentro de los señalados para solventar inconsistencias en su tramo de responsabilidad como servidores del estado. No olvidar que la ASF es un órgano de la Cámara de Diputados de la cual forman parte los contestatarios.

El lio, escandaloso, esta en marcha. No es cosa menor y nadie sabe como va a terminar, lo que si es evidente es que el “affaire” esta en todo su esplendor para vergüenza de todo Veracruz, que ha quedado como el peor estado en cuanto a oscuros manejos de sus fondos públicos.

Lo que no tiene manera de negarse es la increíble cantidad de personas e instituciones, públicas y privadas, que cotidianamente reclaman a la Secretaria de Finanzas el pago de adeudos, que en condiciones de una sana administración de los dineros del erario, no tendrían por qué ser exigidos si estuvieran, solventados.

El discurso oficialista pregona hasta el cansancio el concepto Políticas Públicas, como el idóneo modo de gobernar. ¿En qué rubro de esas políticas está incluido el desorden y la mala administración, pregunta la ciudadanía? Solo es pura retórica donde se ignora todo asomo de ética.

De que sirven el ORFIS y toda la suma inútil de contralorías de todos colores y todos sabores si en vez de corregir, prevenir y solventar las dudas o desviaciones en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de cualquier naturaleza, los resultados deplorables hablan de ineficacia y concusión.

Hay que ver la cantidad de personal que suma la operación de todos estos organismos, verdaderas cargas al erario, cuyo resultado es impreciso y nebuloso para la sociedad. La cantidad de empleos que integran estas dependencias aumentan las abultadas legiones de una burocracia espesa, generalmente ineficiente, que incrementa la deuda laboral del gobierno, estatal o municipal, generando derechos, que después no puede pagar.

Sirva como ejemplo el Instituto de Pensiones, acotado de tanta presión que lo colocan al borde de una increíble ruina por el contagio de una deficiente administración ajena. Como solución al agobio se plantea el despido o renuncia “voluntaria” de un trabajador, que labora sin ser necesario; ese es el verdadero fondo de su intempestiva y obligada baja.

Ejercito de desempleados que irán a engrosar las filas de los ciudadanos sin ingresos que al no tener capacidad de gasto, disminuyen el consumo interno de una economía cada vez más agostada y conduce a desviaciones consecuenciales de incremento de conductas antisociales.

Ese es el panorama, esa es la realidad insoslayable. Lo demás, lo que viene, habrán de afrontarlo quienes condujeron a esta ignominiosa situación y deberán ser llamados a cuentas. Lo innegable es que la economía del estado se encuentra en terapia súper intensiva y como dicen que decía Pancho Villa, cuando la situación estaba complicada, critica o de plano perdida: “no les arriendo las ganancias”.

¿Qué espera al próximo gobernador de 2 años, sea quien sea?

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