*Con solidaridad y respeto a Miguel Angel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla.

Francisco Cabral Bravo/

Todo es todo. No es tautología. Desglosar las finanzas públicas no es tarea fácil. Son billones de pesos, catalogados de formas distintas para agrupar miles de rubros. Se pueden comparar los ingresos contra los gastos, podemos analizar si gastamos más o menos que el año previo o podemos evaluar el gasto ejercido frente a lo que se había presupuestado.

Dado que existen diversos ángulos desde los cuales podemos analizar las cuentas del gobierno, la claridad en los términos usados, se vuelve fundamental. A pesar de la expedición la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, éstos siguen siendo factores de presión para las finanzas públicas federales y nacionales, tanto en materia de deuda como de gestión de gasto. En este último aspecto, en su reporte de la cuenta pública de 2015 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “observo” 65.2 mil millones de pesos, ejercidos por los estados, el monto “observado” del gasto público federal (165 mil millones) esto es 39.5 por ciento del total. De ese monto, 33.5 mil millones de pesos correspondieron a lo que la ASF denomina subejercicios y a los restantes 31.7 mil millones a observaciones con impacto económico, que podrían ser presuntos daños al erario público.

Más allá del protagonismo con que la ASF presenta cada año los resultados de su revisión y auditoría de la cuenta pública, y de que los montos y acciones se refieren a observaciones que se pueden solventar o explicar y que no necesariamente son desvíos y/o mala administración de los recursos, destaca que el monto observado representó 8.6 por ciento del total de gasto federalizado asignado a entidades.

Ello fue particularmente grave en los recursos destinados a proyectos de desarrollo regional, que es uno de los rubros con mayor opacidad que asignan los diputados a los estados; Prospera en el componente de salud; infraestructura social; seguridad pública; y al seguro popular. Las entidades con mayores montos observados con respecto a los asignados fueron Veracruz, Michoacán, la Ciudad de México, Morelos y Guerrero. En 2017 las entidades que registrarían mayores incrementos de las participaciones federales, según la mecánica de distribución vigente, serían Baja California Sur (9.4%), Baja California (8.8%), Sonora (7.5%) y Puebla (6.5%).

A juzgar por sus números y las condiciones económicas de las entidades, parecería que ya es momento de revisar las fórmulas para distribuir los recursos del Fondo General de Participaciones.

En resumen, en los últimos años las finanzas estatales se han caracterizado por un deficiente y opaco ejercicio del gasto, que en alguna medida se deriva de la manera en la que la cámara de Diputados integra el presupuesto de egresos (“y las partidas de los moches”) niveles pírricos de inversión deuda creciente, y una deficiente distribución de recursos federales. No hay duda que queda mucho que hacer en las finanzas estatales.

Podemos seguir buscando algunos recortes por aquí y otras más por allá. Pero mientras no haya una intención real de corregir las finanzas públicas particularmente por el lado del gasto y la deuda pública siga creciendo al ritmo al que lo ha estado haciendo, nos estamos poniendo al borde del precipicio. El entorno externo pondrá al país en una situación difícil, pero nuestra situación interna, esa que sí podemos controlar nos está haciendo tambalear.

Y en otro orden de ideas en lo que va de la LXlll Legislativa (2015-2018), se han presentado 15 iniciativas de reforma constitucional para reducir el financiamiento público a partidos políticos. Estas iniciativas han sido presentadas por las principales fuerzas políticas, especialmente por el PAN, en las voces de Francisco de Paula Búrquez Velenzuela, María Eloísa Talavera Hernández, Marko Cortés, Ernesto Cordero Calanz, que ha propuesto un tercio de ellas. También han sido presentadas por los congresos locales de Jalisco y Sonora, un diputado independiente, Morena y Encuentro Social.

Actualmente, el artículo 41 constitucional establece que el financiamiento público a partidos políticos para sus actividades ordinarias se fija anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), antes salario mínimo.

Buena parte de las iniciativas buscan modificar esta fórmula y reducir el porcentaje de la UMA. Algunas proporcionan una reducción del 65 al 32.5 por ciento menos, lo que significaría 50 por ciento menos para el financiamiento público federal a partidos políticos para sus actividades ordinarias, de 3940 millones a 1970 millones en el caso de 2017.

Otras iniciativas proponen que la UMA se multiplique por la votación emitida en la elección previa en lugar de que se haga por el padrón electoral. Se argumenta que así se incentivaría que los partidos políticos promuevan la participación electoral. En el esquema actual el abstencionismo no castiga a nadie puesto que los partidos reciben más recursos año con año al margen del número de votaciones que acudan a las urnas. De usarse esta modalidad, el financiamiento federal a partidos nacionales para sus actividades en 2017 pasaría de 3940 millones de pesos a 1893 millones de pesos. Esta idea fue propuesta recientemente por Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, uno federal por Sinaloa y el otro local por Jalisco. Y por el PRI, los diputados federales Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Gerardo Sánchez García.

Y mientras tanto, los hermanos Yunes Márquez hijo del gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, ya comenzaron a mover sus piezas de cara a los comicios intermedios de junio de 2017, pero también para los de 2018, donde se renovará la gubernatura. Por lo pronto el senador panista Fernando Yunes, ya pidió licencia a su escaño para irse competir por la candidatura de ese partido a la alcaldía de Boca del Río, y su hermano Miguel Ángel, hoy edil de ese municipio, se alista para abanderar al PAN en los comicios del próximo año.

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