Cimacnoticias | Ciudad de México, 18 de enero 2017.- Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos exhortaron a la Cámara de Diputados a no demorar más la aprobación de la Ley General de Tortura que debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión.

En un comunicado organizaciones que trabajan con sobrevivientes de tortura y familiares de víctimas llamaron al órgano legislativo a aprobar una ley que erradique esta práctica, que fortalezca los controles de prevención, establezca sanciones y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura en procesos judiciales.

Agrupaciones como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero; Asociadas por lo Justo; el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos llamaron la atención por la dilación en la expedición de una ley en esta materia.

Las organizaciones recordaron que en numerosas ocasiones se han pronunciado ante la Relatoría Especial sobre Tortura de la ONU y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país; mientras que los organismos internacionales han señalado la necesidad de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales para erradicar esta práctica.

En un primer momento, recordaron las organizaciones, el Senado aprobó una minuta de Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de Derechos Humanos. Desde mayo de 2006 esta minuta de ley se encuentra en la Cámara de Diputados, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas.

Esto originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el contenido.

Las organizaciones denunciaron que las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron eliminar diversas causales para que un caso de tortura se investigara en instancias federales; y restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas penalmente denuncien haber sido objeto de tortura.

En el legislativo, expusieron las organizaciones, también se pretendía limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, crear un registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera los casos donde los presuntos responsables no enfrentan un proceso penal.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado -que en opinión de las agrupaciones- si bien contiene avances, aún cuenta con algunas deficiencias como la tipificación de la tortura y la falta de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura.

En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó México para documentar la prevención efectiva de la tortura. Al término de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, la comitiva concluyó que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

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