Francisco Cabral Bravo

Con solidaridad y respeto a Miguel Angel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla

Son días resueltos. Días llenos de incertidumbre de dudas, de especulaciones. La única certeza es que será un año difícil para México. Durante muchos años la ciudadanía ha pedido que se suspendan los privilegios de los que goza la clase política.
También durante esos años se ha argumentado que el ahorro que se pueda generar es poco significativo, una cantidad que no cuenta en la gran suma nacional. Parece que el momento de hacerlo en lo mucho y en lo poco. Todo suma. Por poco que sea abona algo a la suma total. Negarse a los privilegios no es sencillo en un país en el que la clase política goza de muchos. Sin lugar a dudas la actividad política se ha convertido no solamente en una zona de privilegios, sino también en una de las pocas que dan movilidad económica en estos tiempos. Al formar parte de un grupo político bien posicionado, sean legisladores federales, locales, alcaldes, o alto nivel de gobiernos, los integrantes entran en una categoría privilegiada. A algunos les dura, tres años, seis, nueve, a otros decenas de años.

Siempre me ha sorprendido, por ejemplo, que los legisladores se nieguen a pagar sus galletas.
Hay tickets de compras de legisladores en los que adquieren hasta chicles que se les tienen que pagar. Recibos de 60 pesos. Es ofensivo.

El problema es que los senadores ven el asunto en términos de montos y no en términos de abuso. A la ciudadanía no se le enoja la cantidad en sí. Sino que haya que pagárselas.

Se trata de ser empáticos. Si la situación económica es mala, si el país atraviesa por tribulaciones y escenarios de gravedad, lo menos que se puede esperar es que la clase gobernante procure ponerse al nivel de los ciudadanos. Pedir a la clase política que renuncie a los excesos no es demagogia es simplemente pedir que sean austeros. No se trata de verlos condenados a comprarse su silla de trabajo, pero sí lo que le toca adquirir a la mayoría de la gente. Por eso no es irracional pedirles que se compren su coche, que paguen su gasolina, su café, sus galletitas, su teléfono. Es un asunto que tiene que ver más con la empatía, con la solidaridad y con la conciencia que con que se den cuenta de cuánto cuestan las cosas.

El INE, legisladores, el Poder Judicial, gobiernos locales y el federal, parecen haber comprendido ya la magnitud del enojo ciudadano.

Es de hacer notar que no sólo se circunscriben a sus áreas, en el caso de tres senadores panistas: Cordero, Gill y Lavalle entregaron una propuesta con casos concretos de dónde puede y debe ahorrar el gobierno de la federación. Parece ser parte de la conciencia de crisis en varios rubros que atraviesan el país. Por supuesto, nunca falta la dosis de cinismo, el desplante ramplón como firma del valemadrismo legislativo que corrió a cargo del senador Javier Lozano, quién dijo que si se rebajaba el salario tendría que robar. Se ve que vive un drama personal intenso entre su vocación política y la de ladrón.

Ojalá y estas medidas de quitar viajes internacionales innecesarios, vales de despensa y de gasolina, y muchas otras prestaciones abusivas a quienes tienen una función destacada en el poder, lleguen para quedarse. La austeridad debe ser una de las características de quién maneja dinero público. Todo suma. Suecia, ejemplo de servicio legislativo.

La mezcla de un escenario externo adverso para el país junto con los problemas que nosotros mismos hemos generado podría ocasionar una tormenta perfecta. Para enfrentar esa tormenta, tendremos que estar atentos, siempre pensando en diferentes escenarios y listos para tomar decisiones difíciles. Ante estas complejidades, veo las decisiones que se van tomando y me sorprenden las extrañas disyuntivas que se plantean. Algunas de las más recientes están relacionadas con el precio de las gasolinas. Considero que la liberalización del precio del combustible era necesaria y que llegó décadas tarde, tiempo durante el cual nos ocupamos más de generar ineficiencias y distorsiones en el mercado, que de prepararnos para una eventual liberalización. Las reacciones al incremento en el precio de la gasolina también han sido útiles, porque ha reflejado una agenda que el gobierno tiene que escuchar; la incapacidad de volver a Pemex una empresa productiva; los privilegios fuera de lugar de la clase política; los excesos en los gastos en los diferentes órdenes de gobierno y órganos autónomos; sindicatos diseñados para ordenar las empresas públicas; el costo de nuestra democracia, etc.

México sufre el costo de un Estado obeso y gastalón, que da recursos desmedidos a entidades federativas que los despilfarran.

El TLCAN ha permitido que una parte del país se industrialice, y goce de reglas claras al ser parte de tratados internacionales, y por ende, predecible.

Si todo México funcionara así, México crecería más que cualquier país asiático.

Desde mi punto de vista es de seguridad nacional escuchar los argumentos a favor de la liberación de precios como los motivos del enojo social, porque dada la vulnerabilidad de las finanzas públicas, lo que vivimos estos días va a ser el pan nuestro de cada día en el futuro. Serán años difíciles. Ojalá encontremos la capacidad de analizar correctamente y de tomar decisiones coherentes, consistentes y adecuadas. Hoy en día planteamos disyuntivas extrañas con soluciones que lo son aún más.

A contracorriente aparece una luz: “México no está en crisis” dice Guillermo Ortíz, pero sí están presionados la inflación y el crecimiento económico debido al cambio geopolítico y a los nuevos balances de poder en todo el mundo lo que, curiosamente está uniendo a los europeos. Ortíz señala que nuestro país “no está indefenso”.

Es verdad que nuestro país no tiene una crisis, como señala Guillermo Ortíz. Pero también es cierto que el manejo de expectativas sobre el desempeño de la economía descarriló.

Por eso los extranjeros se acercan a los mexicanos preguntándoles: “Y ¿cómo le van a hacer, eh? Veremos qué pasa a futuro.

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